Vamos a ver si alguien tiene la bondad de explicármelo, porque yo no lo consigo entender. Dicen que estamos en un Estado de derecho; que la justicia es independiente y que es igual para todos. Es lo que podríamos llamar la Santísima Trinidad de las mentiras oficiales, sobre las que se sustenta el edificio de nuestra supuesta democracia. Que al igual que la del catecismo que se enseñaba a los niños de mi época, o te la creías por fe, o te la creías por narices; pero en ninguno de los dos casos había la más mínima posibilidad de entenderla ni demostrarla.

Con la justicia en España pasa exactamente lo mismo: que no hay manera ni de entender, ni de demostrar su independencia, y mucho menos el que sea igual para todos. Pero lo más sorprendente no es que su lenguaje sea tan hermético que la sentencia de un juez sólo la puede entender otro; sino que sus resoluciones se cumplan, o no, según la latitud y longitud del domicilio de los sujetos juzgados. Así vemos, que cuanto más al nordeste de la península, más fuelle van perdiendo las decisiones judiciales; siendo la plaza de San Jaume, en la ciudad condal, el punto geográfico exacto en el que dejan de tener vigencia y pierden todo su sentido. Como si una botella de cava se llevara abierta desde Madrid hasta el parlamento catalán para brindar por Jordi Pujol, el referente de honestidad, tal y como lo acaba de proclamar el ex arzobispo de Barcelona, Sistach.


Y yo me pregunto que si las sentencias no sólo no se cumplen por parte del gobierno de la Generalidad, sino que encima se hace alarde de ello, y no pasa nada, ¿para qué se molestan los jueces? ¿por qué no nos ahorramos el gasto de las togas y suprimimos de una vez el poder judicial en Cataluña? El artículo 118 de la Constitución es bien claro: Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto. Lo que está muy bien, siempre que haya alguien que se encargue de hacerlas cumplir.

En el cacareado Estado de derecho, en el que se nos dice a todas horas que vivimos, se supone que esa obligación recae en el poder ejecutivo (que por algo se llama así) Lo que efectivamente sucede en toda España, menos en el cuadrante nordeste del país al que nos referíamos antes. El gobierno catalán tiene bula de facto, para no cumplir ninguna de las sentencias que dictan los tribunales españoles, incluidos el Supremo y el Constitucional. ¡Y no pasa nada! Que intente una Pantoja cualquiera, una empresa, un autónomo, o la asociación de Amigos del Calamar Gigante, por ejemplo, pasarse por el forro sus obligaciones fiscales y verá lo que les pasa. Pero si la misma sentencia afecta a la Generalidad, en cualquiera de sus manifestaciones, entonces deja de ser obligatoria.

Es evidente que los gobiernos de González, Aznar, Zapatero y Rajoy han incumplido el mandamiento expreso de la Constitución, a sabiendas de que incurrían en prevaricación; lo que tampoco parece haberles importado un pimiento. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque han sido y siguen siendo rehenes de Jordi Pujol y sus albaceas, a los que sus fechorías les salen siempre gratis. Es tal la cantidad de dosieres, que guarda celosamente el referente de honestidad, capaces de hacer saltar por los aires nuestra endeble democracia, que los sucesivos gobiernos han preferido mirar para otro lado, antes de atreverse a hacer cumplir la ley con todas sus consecuencias. Y de aquellos polvos nacen estos lodos.


El Constitucional acaba de derogar la proclamación de independencia del parlamento catalán. Mas y los suyos han dicho que les tiene sin cuidado la sentencia, porque lo que vale es lo que dice el pueblo. ¡Y Rajoy jugando al futbolín con Bertín Osborne, porque como de costumbre, aquí no pasa nada…! El día 20 vamos otra vez a las urnas; como los venezolanos este domingo. Ambos sistemas se llaman a sí mismos, democracias. Nuestros políticos, nuestra prensa, y nuestras tertulias televisivas se llevan las manos a la cabeza y dicen que no son comparables. En efecto: el chándal de Maduro tiene muchos más colorines que el de Rajoy.

Ignacio de Despujol y Coloma
En Valdemoro, a 6 de diciembre de 2015 

Nació en Madrid. Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense y Máster en Dirección de Empresas (EOI). Diplomado en Dirección de Relaciones Públicas, por el Management Centre Europe de Bruselas; en Publicidad por el Instituto de Empresa de Madrid y en Business Management por la compañía AT&T, (New Jersey).

Directivo de empresas multinacionales, como Caterpillar, Telefónica o AT&T. Profesor en la Universidad Pontificia de Comillas-ICADE (Madrid), ha impartido masters, conferencias y seminarios de Comunicación empresarial en universidades españolas y extranjeras. Autor de La otra cara de la publicidad y coautor de Entender el arte, publicado por la UNED, así como de muchos artículos políticos, en los años de la transición a la democracia, y profesionales.

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