El martes 14 de marzo de 2017 vio la luz 1936. Fraude y violencia de los historiadores Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García, que viene a demostrar, definitivamente, que las elecciones de febrero de 1936 fueron un fraude. Inmediatamente, los inquisidores al servicio del Régimen de lo Políticamente Correcto se ponen manos a la obra y arde Twitter. Han llegado muy lejos en su propaganda manipuladora de la Historia como para permitir que los datos y las investigaciones rigurosas den al traste con sus mitos. 1936 Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular. El Magacín.Para añadir más leña al fuego, la Ley de Memoria Histórica de Andalucía, que deja en pañales a la de Rodríguez Zapatero, institucionaliza la versión del régimen y la impone a los ciudadanos. Es muy simple: aquí había una república modélica, cuando los de la sotana, el sable y el tricornio, ayudados por los pérfidos nazis y fascistas, decidieron acabar con los sueños de democracia de un pueblo digno, dando lugar a una guerra brutal entre los demócratas y los fascistas, o lo que es lo mismo, entre los buenos y los malos. Pero ganaron los malos, y ahora que se tiene la sartén por el mango, hay que vengarse y tratar de ganar en la política lo que se perdió en los campos de batalla. Todo ello amparado en el muy legítimo deseo de localización y exhumación de fosas anónimas y de la adecuada compensación, digno entierro de los asesinados mediante, a lo que nadie sensato se opone.

 

Una República patrimonial

Pero los hechos son tozudos, y la magna sorpresa que provocó el artículo del historiador Javier Redondo en El Mundo demuestra hasta qué punto la defenestración histórica tiene éxito y el sistema educativo a la hora de enseñar fracasa. Varias obras fundamentales, entre las que cabe destacar Palabras como puños. La intransigencia política en la Segunda República Española dirigido por Fernando del Rey Reguillo, El gran miedo de 1936. Cómo España se precipitó en la Guerra Civil de Gabriele Ranzato, o El camino al 18 de julio. La erosión de la democracia en España (diciembre de 1935 – julio de 1936) de Stanley G. Payne han puesto encima lo que es una verdad a gritos: que la Segunda República fue una “democracia poco democrática”, y que ni el Frente Popular era democrático ni su gobierno tampoco.

Ministros del Frente Popular en 1936. El Magacín.

Pero hagamos lo que se debe y acudamos a la Historia. Empecemos por quienes han sido reivindicados como figuras democráticas paradigmáticas, con calles con cuyos nombres inundan el país como, por ejemplo, Manuel Azaña, ese para quien la República constituía nada más que un medio para un fin, concibiéndola como “suya” y de los que pensaban como él, pero ajena para el rival político y para el discrepante, como dejó claro en un debate parlamentario a la minoría agraria:  “Ustedes no tienen legitimidad para venir a esta Cámara a decir si el Gobierno es o no un gobierno dictatorial; su grupo no sólo “no es republicano” sino que “no lo puede ser”, y no lo será nunca, aunque lo queráis.” Sus correligionarios no se quedaron atrás, como Marcelino Domingo: “Si se opone resistencia a la revolución social y no encuentra cauces jurídicos, los encontrará en las calles.”  O Álvaro de Albornoz, del Partido Radical-socialista: “No consentiremos jamás que el Poder nos sea arrebatado por los monárquicos disfrazados de republicanos.”  Este señor fue  elegido el 13 de Julio de 1933 primer presidente del Tribunal de Garantías Constitucionales, precursor del Tribunal Constitucional que todos conocemos, y firmó la ley de regulación de este tribunal, la cual establecía que  “la acción jurisdiccional derivada de la presente ley (…) no se extenderá, ni a las disposiciones promulgadas por las Cortes actuales antes de ser aprobada la misma, ni a los actos que el poder público haya realizado con anterioridad a su publicación”. En otras palabras, que no se podía recurrir ante dicho Tribunal las leyes de desarrollo de la Constitución aprobadas por el Parlamento, como hubiera sido de rigor en cualquier Estado de Derecho, con la idea de darle al régimen una orientación marcadamente ideológica desde el primer momento e impedir que los otros grupos parlamentarios pudieran modificarla. Muestra de ello, por si lo anteriormente expuesto no fuera suficiente, es el hecho de que no podían plantearse recursos contra las actos del Gobierno anteriores a la entrada en vigor de esta ley. Un blindaje completo.


Albornoz lo dejó muy claro al declarar a las claras que  “nosotros queremos excluir (de la acción de este tribunal) toda obra realizada por estas Cortes y queremos excluirla por motivos políticos, franca y notablemente políticos, que no disimulamos un solo momento (…)” y que “por encima del Parlamento no puede haber nada que desconozca ni suprima ni cercene su soberanía.” El Radical-socialista constituyó el más numeroso de los grupos de la izquierda republicana, con una mayoría considerable y clara en las Cortes Constituyentes que elaboraron la Constitución de 1931. Jerónimo Gomáriz, diputado por esta formación remachó: “Estas Cortes no son un Parlamento cualquiera. Estamos aún (…) en una misión francamente revolucionaria y constituyente.” No era broma. Afiliados radical-socialistas en Madrid elaboraron un documento interno que avalaba la oposición a la “derecha” “con y todos los medios que fueran precisos”. Iban mucho más allá: “En caso de la conquista del poder por las izquierdas violentamente, como contestación a la violencia de las derechas, el Gobierno que se constituya gobernaría por Decretos durante el tiempo que fuera necesario, hasta llegar a la transformación del país en una profundidad y extensión tal que no pueda originarse en mucho tiempo una resurrección de los hombres de la monarquía.” 

Golpe de Estado de 1936 por el Frente Popular. El Magacín.

Estos republicanos fueron los que impulsaron la muy autoritaria Ley de Defensa de la República, que establecía sanciones penales para la Apología de la Monarquía o la Crítica al Gobierno, junto con otras sanciones de carácter económico y penas de confinamiento o extrañamiento. Esta ley fue la que posibilitó que durante gran parte del período de vida de la Segunda República la censura y el recorte a la libertad de expresión fuese lo habitual, especialmente acentuado durante el gobierno del Frente Popular. La visión patrimonial que estos tenían de la República no dejó lugar a dudas cuando, tras la victoria de la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas) y la constitución de un gobierno de centro-derecha presidido por el republicano liberal y centrista Alejandro Lerroux del Partido Radical con apoyo parlamentario de la primera (aunque era la más numerosa en escaños), Manuel Azaña se entrevistó con Diego Martínez Barrios, a la sazón Presidente del Consejo de Ministros, con el objetivo de invalidar el resultado de las elecciones que habían perdido, como consta en las memorias del último. El PSOE no se quedó atrás, dado el carácter instrumental con el que concebía el régimen republicano. Juan Negrín, quien sería el último Presidente del Consejo de Ministros de la República durante la Guerra Civil, a instancias de la ejecutiva socialista se entrevistó con Alcalá-Zamora con la idea de convencerle de cancelar los resultados electorales, formar un gobierno liderado por republicanos de izquierda, preparar una nueva ley electoral que les beneficiase y, después, volver a celebrar elecciones. Incluso Fernando de los Ríos, Ministro de Estado en el primer gobierno de Azaña y miembro del PSOE, renegó de la República. Negrín, ya durante la guerra, mantuvo una conversación con el asesor soviético Marchenko en la que, según informó este a Vorosílov, uno de los acólitos de Stalin, “No cabe regreso al viejo parlamentarismo. Sería imposible consentir el “libre juego” de los partidos tal y como existía antes, ya que en ese caso la derecha podría conseguir nuevamente llegar al poder. Eso significa que resulta imperativa o una organización política unificada o una dictadura militar. No ve que sea posible otra salida.” 

 


1934: Insurrección

No es de extrañar, pues, que el PSOE, junto con sectores de la CNT y del PCE, intentase derrocar por la fuerza al Gobierno en lo que se ha dado en llamar la Revolución de Octubre de 1934. Protagonistas de la misma fueron el bolchevizado Francisco Largo Caballero y el imprevisible Indalecio Prieto, con un programa revolucionario redactado por este último, que incluía:

  • Separación del Ejército de toda oficialidad y reorganización sobre sus bases “democráticas”, al igual que la Guardia Civil y demás institutos armados.
  • Milicia reclutada entre los afiliados.
  • Separación de la Administración Pública de los funcionarios desafectos al régimen.
  • Disolución de las órdenes religiosas e incautación de todos sus bienes.
  • Declaración de todas las tierras como propiedad del Estado.

Prieto se encargó además de los preparativos militares, la provisión de armas, el avituallamiento general y su distribución. Otros preparativos versaron sobre el adiestramiento militar de las milicias. ¿El objetivo? “(U)n movimiento de carácter nacional revolucionario para conquistar el poder político para la clase obrera”, en palabras de Largo Caballero. El documento emitido por los dirigentes bebía directamente de Técnica del Colpo di Stato, de 1931, escrito por Curzio Malaparte, miembro del Partido Nacional Fascista de Benito Mussolini e integrante de la Marcha sobre Roma. Cuando la sublevación estalló, la Generalitat catalana aprovechó para llevar a cabo su propio levantamiento liderado por Lluís Companys, presidente de la misma, y declarar el “Estado Catalán” dentro de la República Federal Española. Incluso Azaña preparó su propio golpe de mano -fracasado- de, en palabras de Alcalá-Zamora, “constituir en Cataluña un Gobierno Provisional”, manteniendo contactos con los autores de la sublevación y negociando los objetivos de la misma escasas horas antes de que esta se produjera. El mayor Pérez Salas, azañista, escribió:

Para evitar el otorgamiento del poder a la CEDA (…) tenía en proyecto la formación de un gobierno republicano, compuesto por representantes de los partidos que tenían mayoría en las Cortes Constituyentes. Este gobierno habría de tener su sede en Barcelona (…) por estar en ella radicada la Generalidad Catalana y contar con que las fuerzas armadas de esta lo apoyarían. Tan pronto como se cometiera el acto, que era considerado como anticonstitucional, de dar entrada en el gobierno de la República a elementos no republicanos, se declararía, desde Barcelona, la disconformidad con ese acto y se daría a conocer al pueblo el nuevo gobierno formado. Simultáneamente en Madrid y en el resto de España habría de estallar una huelga general como adhesión al nuevo gobierno. Este plan tenía grandes probabilidades de éxito, pero aun fracasando habría dado un tremendo golpe al acto de entrega de la República (a sus enemigos), que habría hecho reflexionar al señor Alcalá-Zamora acerca del paso que iba a dar. 

El Socialista en 1936. El Magacín.

En Asturias desembocó en una auténtica guerra civil que hizo precisa la intervención del Ejército. El resultado fue contundente. En su fracaso, claro. 1.300 muertos y 20.000 detenidos, entre ellos Azaña, Largo Caballero y Companys. La cosa no quedó ahí. Lo que los republicanos de izquierda y los revolucionarios no habían conseguido en 1934 lo conseguirían en febrero de 1936. Largo Caballero no se cortó ni un pelo: “Yo no estoy arrepentido de nada, absolutamente de nada. Declaro paladinamente que, antes de la República, nuestro deber era traer la República; pero establecido este régimen, nuestro deber es traer el socialismo. Y cuando hablamos de socialismo, no nos hemos de limitar a hablar de socialismo a secas. Hay que hablar de socialismo marxista, de socialismo revolucionario. Hay que ser marxista y serlo con todas las consecuencias. (…) Vamos a la lucha en coalición con los republicanos con un programa que no nos satisface. (…) Tenemos que evitar la implantación del fascio por todos los medios. Ahora, por el medio legal; en octubre lo hicimos de otra manera. (…)”. Más lejos aún fue al señalar: “Que nadie se llame a engaño (…). Las derechas en España, para nosotros, deben haberse terminado ya en lo que significa gobernar nuestro país. No piense nadie en darles el Poder, porque si eso intentan, el proletariado lo impedirá.”

 


FEBRERO DE 1936: FRAUDE Y GOLPE

Pero el inicio de la toma de poder fraudulenta e ilegal del Frente Popular, y su avance hacia lo que los comunistas definieron como “república de nuevo tipo”, esto es, exclusivamente de izquierdas, como paso previo hacia la hegemonía de su propio partido, eliminación de las formaciones de izquierda republicana mediante, comenzó con las intervenciones caprichosas del Presidente de la República -que no del Gobierno- Niceto Alcalá-Zamora, un católico de centro, cuando sin motivación aparente y con el propósito de crear a través de Manuel Portela Valladares el llamado Partido Nacional Republicano para consolidar una mayoría centrista que frenase la creciente polarización social y a través del cual poder gobernar, disolvió unas cortes cuya vida se debería prolongar hasta 1937 y hundió, por razones de antipatía personal con Alejandro Lerroux y ambición de poder personal, al único partido moderado de centro que tenía base social en el país, el Partido Radical. La idea de Alcalá-Zamora era debilitar a la derecha, a la que creía fuerte, y favorecer a la izquierda, a la que veía débil, para “equilibrar la República” y conseguir la hegemonía para su partido de centro, para lo cual le pidió a Portela que, por medio de manipulaciones, favoreciera a la izquierda hasta el punto de ganar alrededor de 180 escaños. Los republicanos de izquierda, los socialistas, los comunistas y otras formaciones afines tenían claro cuál era el camino “(en) la insensata pretensión de que el Gobierno, cruzado de brazos, les facilite el empleo de la violencia aniquiladora de las derechas, pues lo que la izquierda desea y cree oportuno es la guerra civil. Portela se opuso enérgicamente, y yo le he alentado en su actitud, ya que el deber y la prudencia imponen proteger a todos estos delincuentes, sea cual fuere su actitud y programa contra los excesos de los de enfrente, y contra los suyos propios.” 

Squeo de Iglesias en 1936. El Magacín.

La campaña fue violentísima, con 249 actos de violencia en toda España quince días antes de la celebración de las elecciones. El Gobierno recibió en esos últimos días multitud de informes de violencias y abusos por parte de “turbas izquierdistas”, imponiendo alteraciones en los votos, falseamiento en los escrutinios, invalidando de esa manera mayorías pertenecientes a las derechas. Huelga decir que para ellos, “fascista” era un término que se aplicaba alegremente a cualquiera que estuviera “más a la derecha” de la izquierda republicana. Tanto es así que Manuel Portela Valladares, Presidente del Consejo de Ministros en esos momentos, tuvo que declarar el Estado de Alarma y a punto estuvo de hacerlo con el Estado de Guerra. Recibió la confirmación de la lealtad y el apoyo del Ejército por parte del entonces Jefe de Estado Mayor, Francisco Franco. Pero ante la multiplicación y la gravedad de los desórdenes y de las irregularidades el Gobierno de Portela Valladares dimitió el 19 de febrero y Alcalá Zamora entregó el poder a Manuel Azaña, designado por el Frente Popular, algo insólito teniendo en cuenta que no había finalizado el recuento definitivo de los votos y que su coalición parecía ser la principal responsable de las irregularidades que se reportaban, pudiendo el nuevo Gobierno validar su propia victoria, administrándola convenientemente. En sus declaraciones al Journal Géneve en 1937, Alcalá-Zamora aseguró:

“A pesar de los esfuerzos sindicalistas, el Frente Popular obtenía solamente un poco más, muy poco, de 200 actas, en un Parlamento de 473 diputados. Resultó la minaría más importante, pero la mayoría absoluta se le escapaba. Sin embargo, logró conquistarla consumiendo dos etapas a toda velocidad, violando todos los escrúpulos de la legalidad y de la conciencia. Primer etapa: desde el 17 de febrero, incluso desde la noche del 16 de, el Frente Popular, sin esperar el fin del recuento del escrutinio y la proclamación de los resultados, lo que debería haber tenido lugar ante las juntas provinciales del censo en el jueves 20, desencadenó en la calle la ofensiva del desorden, reclamó el poder por vía de la violencia.


Crisis: algunos gobernadores civiles dimitieron. A instigación de dirigentes irresponsables, la muchedumbre se apoderó de los documentos electorales: en muchas localidades los resultados pudieron se falsificados. Segunda etapa: conquistada la mayoría de este modo, fue fácilmente hacerla aplastante, reforzada con una extraña alianza con los reaccionarios vascos, el Frente Popular eligió la Comisión de validez de las actas parlamentarias, la que procedió de manera arbitraria. Se anularon las actas de ciertas provincias donde la oposición resultó victoriosa, se proclamaron diputados a candidatos amigos vencidos. Se expulsaron de las cortes a varios diputados de las minorías. No se trataba solamente de una ciega pasión sectaria; hacer en la Cámara una Convención, aplastar a la oposición y sujetar al grupo menos exaltado del Frente Popular.

Elecciones a Cortes ordinarias de 1936. El Magacín.

Desde el momento en que la mayoría de izquierdas pudiera prescindir de él, este grupo no era sino un juguete de las peores locuras. Fue así como las Cortes prepararon dos golpes de estado parlamentarios. Con el primero, se declararon a sí mismas indisolubles durante la duración de mi mandato presidencial. Con el segundo, me revocaron. El último obstáculo estaba descartado en el camino de la anarquía y de todas las violencias de la guerra civil.”

En marzo se convocó la Comisión de Validación de Actas de las nuevas Cortes y esta procedió libremente a reasignar 11 escaños a las izquierdas, quedando canceladas además las elecciones en Cuenca y en Granada, donde las derechas habían predominado. Estas últimas se volvieron a celebrar, agenciándose el Frente Popular 17 actas, dejando 2 para las derechas, por medio de la violencia y la intimidación más descarada. En este clima de inseguridad, caos, miedo, sometimiento e inexistencia de respeto a la ley alguno, las autoridades provinciales afines al Frente Popular llevaron a cabo actos de coacción y de amenazas, tanto a votantes como candidatos. Borrones, tachaduras, raspaduras, votos fantasma… Por no hablar ya de los asaltos directos a los ayuntamientos, la expulsión de alcaldes y gobernadores civiles, incluso su detención, al más puro Scuadrismo del Fascismo Italiano. Pero esto no es lo más grave. Una vez el Frente Popular estuvo afianzado en el poder, implementó rápidamente las medidas necesarias para ir más allá de su programa inicial y avanzar hacia esa “república de nuevo tipo”. La primera de ellas fue la amnistía para los sublevados en 1934, reponiéndoles en sus cargos políticos, civiles y de seguridad. Luego vino la destitución de dudosa legalidad del Presidente Alcalá-Zamora y su sustitución por Azaña. En gran manipulador de la república había caído en su propia trampa y ahora estaba inmerso en un mutismo fantasioso, como en unos meses estaría el mismo Azaña. Resulta que la misma izquierda que había exigido la disolución de las Cortes anteriores y la realización de elecciones ahora declaraba que tal disolución era ilegal, que el Presidente había abusado de sus poderes (y lo había hecho, pero no en esos términos) y que esta constituía su segunda disolución de las dos que le permitía la Constitución, considerando falsamente la primera disolución, la de las Cortes Constituyentes, como una disolución regular, lo que, por su misma naturaleza, no podía ser así. En realidad, la segunda disolución que había dado lugar al Gobierno del Frente Popular era perfectamente legal, aunque caprichosa. Cuando tuvo lugar la votación al respecto, el resultado fue de 188 votos contra 88, con un porcentaje alto de abstención, de manera que la última disolución quedó como la segunda, siendo desde ese momento las Cortes indisolubles para Alcalá-Zamora. No podía desde ese momento arrebatarle el gobierno al Frente Popular disolviéndolas de nuevo y celebrando otras elecciones. La segunda votación se saldó con 238 votos a favor, 5 noes y la abstención del centro y la derecha. Alcalá-Zamora estaba fuera de juego. En esos momentos el coronel Valentín Galarza, el principal coordinador de la UME (Unión Militar Española), una asociación semi-secreta de oficiales militares (y de la que procederían gran parte de los integrantes de la sublevación militar de julio de ese mismo año) le visitó el día 8:

Hacia las once de hoy me visita un coronel de Estado Mayor. Viene de uniforme, a pedir en nombre del Ejército que en respuesta al golpe de Estado de la Cámara, o, sin el poder legislativo, firme un decreto destituyendo al Gobierno de Azaña y (dé) así más fuerza moral a su inevitable y decidida intervención, que salve al país de la anarquía.




El Presidente se negó y el Ejército, muy dividido, no hizo nada. El 10 de mayo, por 358 frente a 68 compromisarios electos para elegir a su vez al Presidente, Manuel Azaña ocupó el puesto de Alcalá-Zamora. Al salirle mal la jugada de colocar a Prieto como cabeza de Gobierno y consolidar definitivamente su hegemonía por el veto del ala caballerista del PSOE, hubo de nombrar a Santiago Casares Quiroga para el cargo y gobernar a través de él. Quiroga se declaró “beligerante contra el fascismo”, en un extraño discurso para un hombre de estado, teniendo en cuenta que lo más parecido al “fascismo” en España era Falange, que se había estrellado electoralmente consiguiendo tan sólo 44.000 votos en todo el país, el 0´7% del voto popular, quedando fuera del Parlamento, y que por “fascismo” se entendía al conjunto de todas las “derechas”. Tanto es así que el Frente Popular acometió sin dilación su tarea de eliminar a los rivales políticos por medio del nombramiento de militantes políticos como “delegados” especiales para la Policía, consagrando así la politización de las fuerzas del orden en un proceso muy similar, como ha señalado acertadamente Payne, a la política llevada a cabo por Hitler al nombrar a los miembros de las SA y las SS como miembros de la Policía Auxiliar, Hilfspolizei, y como tal actuaron durante las elecciones de marzo de 1933, las últimas que tuvieron lugar en Alemania hasta después de la Segunda Guerra Mundial. El Gobierno procedió a detenciones ilegales y arbitrarias de miembros de partidos no afines al Frente Popular, en una política que se incrementó durante la guerra pero que ya había comenzado desde antes. Fernando Bosque, gobernador civil de Oviedo, declaró:

He nombrado delegados del Frente Popular en toda Asturias, los cuales realizaron batidas antifascistas con buen resultado: meten en la cárcel al cura, médicos, secretarios de ayuntamiento y al que sea. Cumplen admirablemente su cometido. Algunos de los delegados son comunistas, e incluso como Fermín López, de Irún, condenados a muerte por su intervención en los sucesos de octubre (…). El de Teverga tiene en la cárcel al telegrafista y al secretario judicial; al primero le hace atender por el día el servicio telegráfico y por la noche lo encarcela. Entre los detenidos figuran dos canónigos de Covadonga.

Y no se quedarían ahí.

 

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Un artículo de Pablo Gea Congosto.
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