Durante la investigación para la realización del presente trabajo, encontré que la figura del Avocamiento Judicial sólo existe en el ordenamiento jurídico de Venezuela y Argentina. No existen otros países en el mundo que contengan en su ordenamiento jurídico, la figura del Avocamiento Judicial.

Caso Venezuela

La figura del Avocamiento en Venezuela, tiene su origen en la Ley de la Corte Suprema de Justicia del año 1.976, en donde la Sala Político Administrativa monopoliza la facultad de Avocamiento. Lo dispuesto en la derogada Ley con respecto a la parte procesal era impreciso, por lo que a través de distintas decisiones de la Sala Político Administrativa, se fue desarrollando dicho aspecto.

Creada la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la Ley del Tribunal Supremo de Justicia en el año 2.004 (derogando la Ley de la Corte Suprema de Justicia), la Sala Constitucional en sentencia del caso SINTRACEMENTO, termina con la monopolización de la facultad de Avocamiento de la Sala Político Administrativa, extendiéndola al resto de las Salas que conforman el Tribunal Supremo de Justicia.


La Ley del Tribunal Supremo de Justicia en el año 2.004, igualmente presenta el déficit de la derogada Ley de la Corte Suprema de Justicia, en lo que respecta al desarrollo de la parte procedimental del Avocamiento, continuando su regulación a través de las decisiones de las Salas. Destacándose la sentencia del caso “Ismael García”, en el cual se discute un llamado público para la recolección de firmas con motivo de llevar a cabo un Referéndum Revocatorio en contra del Presidente de la República, donde la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, da un giro importante en lo que se refiere a la materia del Avocamiento, facultándose para avocarse a todo asunto que curse en cualquiera de las Salas que conforman el Tribunal Supremo de Justicia, convirtiéndose en los que muchos la han “bautizado”, como la “Súper Sala”. La Ley in comento, fue reformada en el año 2010, permaneciendo las mismas lagunas en materia de Avocamiento.

Caso Argentina

Según Carbajal Fernando, en Argentina se habla de dos tipos de Avocamiento: La Avocación Jurisdiccional y Per Saltum. La primera se refiere cuando la causa aún no se ha resuelto, tomando la decisión definitiva el Tribunal de máxima instancia. El segundo, referido a cuando existe ya una sentencia definitiva y se “saltan” la apelación, para ir directo al Tribunal de máxima instancia.

Dice la jurisprudencia que tanto la Avocación Jurisdiccional y Per Saltum se pueden emplear de manera conjunta; ya que el per saltum supone una avocación jurisdiccional, porque toda decisión que el Tribunal de máxima instancia decide, proviene de un Tribunal inferior.

En opinión de Carbajal Fernando, el caso “Aerolíneas” fue la génesis de la figura del Avocamiento en Argentina, el mencionado caso fue denominado el “leading case”. La atención que generó el caso, además de la incorporación de la figura in comento, fue la procedencia de la misma, el ordenamiento jurídico Norteamericano. En el voto disidente del Ministro Fayt, rechaza la “similitud” que se pretendía establecer entre el “by pass” norteamericano y el “per saltum” argentino; ya que lo previsto en el derecho Norteamericano con respecto a la figura “by pass”; nada tenía que ver con lo establecido en el derecho Argentino, insiste Carbajal Fernando diciendo que: “más allá de los argumentos expuestos en el Fallo por la Mayoría, y la brillante disidencia del Ministro Fayt, indudable resulta que frente a la decisión de la Corte en el caso “Aerolíneas” la alarma sonó fuertemente más por la procedencia de la avocación en el caso concreto, que por reparos jurídicos a su procedencia en abstracto en el derecho argentino, y así la critica de calificada doctrina se orienta en este sentido”. Además, la sentencia del caso “Aerolíneas”, fue muy criticada ya que su origen fue más “político” que “jurídico”.

Durante el gobierno del Presidente Fernando de la Rúa, surgió una gran crisis económica, particularmente por el caso denominado “el corralito”, que trajo como consecuencia una serie de medidas tomadas por el Ejecutivo Nacional que causaron un gran impacto en la nación. Una de esas medidas fue la restricción para los ciudadanos argentinos para disponer de sus ahorros depositados en las distintas entidades financieras de ese país.

“La regulación de la figura del Avocamiento Judicial tanto en Venezuela como en Argentina tuvo el mismo origen legislativo”

El Presidente de la Rúa, mediante el Decreto 1.387 de fecha 2 de noviembre del 2001 denominado: “Reducción del costo de la deuda pública nacional y provincial. Saneamiento y capitalización del sector privado. Impuesto al valor agregado. Devolución a los exportadores y a quienes efectúen sus operaciones con tarjetas de débito. Medidas cautelares dictadas entre entidades estatales. Reducción general del impuesto al trabajo. Con las modificaciones algunos Dtos.; regula la figura del Avocamiento en el Titulo VII, llamado: De La Intervención De La Corte Suprema De Justicia De La Nación En Las Medidas Cautelares Dictadas Entre Entidades Estatales.

Lo anterior tuvo una corta vigencia debido a la presión ejercida por los distintos factores del país argentino en cuanto a las consecuencias ocasionadas por el “corralito”; por lo que el 25 de Abril del 2002, se promulga la Ley Nro. 25.587 denominada “Desapoderamiento De Fondos Depositados O Impuestos En Entidades Financieras”, derogando lo dispuesto en el Decreto 1.387 de fecha 2 de noviembre del 2001.

En conclusión, la regulación de la figura del Avocamiento Judicial tanto en Venezuela como en Argentina tuvo el mismo origen legislativo; por razones políticas.

La figura del Avocamiento Judicial no tiene un amplio y “correcto” tratamiento en el aspecto legislativo, sino un trato político y no jurídico, para beneficio de uno u otro sector del país, no tomando en cuenta o “ignorando” las consecuencias legales que trae el uso indiscriminado del Avocamiento Judicial, como son la violación al debido proceso, a la defensa, a la doble instancia y otros derechos fundamentales y derechos humanos que son, igualmente, protegidos tanto por la Constitución de Venezuela como la de Argentina y por Tratados, Pactos y Convenios Internacionales suscritos y ratificados por ambos países.


Un artículo Leonor Perdomo
Abogada Especialista en Derecho Administrativo (UCV)
Docente Universitaria en Venezuela y Asesora Externa

Redactora del blog:  Asesoría y Actualidad Jurídica
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Abogada Especialista en Derecho Administrativo (UCV). Docente Universitario. Asesora Externa. Libre Ejercicio. Caracas. Venezuela.

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